Asociación Europea de Mediación | Código de conducta y buenas prácticas
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Código de conducta y buenas prácticas

Este es el código de conducta y buenas prácticas en mediación que AEM propone a sus mediadores.

Este Código de Conducta y buenas prácticas conforma una guía deontológica que incorpora los valores y principios que deben regir la actuación de la Asociación Europea de Mediación (AEM) como Institución de Mediación, de sus mediadores y de las partes. Su cumplimiento queda bajo la responsabilidad personal de quienes con su aceptación, informada y consentida libremente, lo asumen como compromiso.

La Asociación Europea de Mediación (AEM)  se ajustará en sus actuaciones a los principios recogidos en el Código de Conducta Europeo, adoptado en octubre de 2004 por la Comisión y sometido al Parlamento y el Consejo europeo como Directiva marco sobre la Mediación, y que igualmente informan este código de buenas prácticas.

A efectos de este Código de Conducta, se entenderá por mediación cualquier procedimiento flexible y estructurado, con independencia de cómo se denomine, en el que dos o más partes en un conflicto de intereses acuerden voluntariamente intentar resolverlo con la asistencia de un tercero, denominado en lo sucesivo, “el mediador”.

La  libre  adhesión  a  este  Código  de  Conducta  se  entenderá  sin  perjuicio  de  la  legislación nacional  o  internacional  ni  de  las  normas  profesionales  específicas  a  cuyo  obligado cumplimiento se encuentran sometidos los mediadores de la AEM.

La Institución de Mediación

1. La AEM tiene entre sus fines el facilitar y acercar la figura del mediador a todos los ámbitos en que se requiere su trabajo, impulsando la mediación como medio de gestión y resolución alternativa de los conflictos, facilitando el acceso al procedimiento y garantizando la designación con la debida transparencia de mediadores especializados, que ofrezcan un servicio profesional de calidad ejercido con eficiencia, imparcialidad e independencia, de acuerdo con los principios de este Código de Conducta y el respeto a la normativa vigente en el desarrollo de su actividad.

2.­ La AEM garantiza que los mediadores actuantes están debidamente acreditados de acuerdo con la normativa en vigor y son competentes en la materia sometida a su actuación en el caso concreto a mediar, conocen el procedimiento y poseen la formación especializada apropiada al ámbito de mediación y las competencias teóricas y prácticas necesarias debidamente actualizadas. La información relativa a su formación y experiencia será proporcionada a las partes también por los mediadores.

3.  Es competencia de la AEM, como Institución de Mediación, la designación del mediador o comediadores  intervinientes,  conforme  a  los  criterios  públicos  de  designación  que  serán conocidos    previamente  por  todas  las  partes  intervinientes  en  el  proceso,  garantizando su transparencia.

Ningún mediador de la AEM aceptará su designación sin verificar que posee la formación y competencias necesarias para mediar en el caso concreto.

4. La AEM  informará a las partes de la forma de remuneración a que quedará sujeta a  la intervención de sus mediadores y al coste de la misma, o las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. La AEM podrá exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación.

La mediación no se iniciará antes de que estos términos no hayan sido aceptados por todas las partes interesadas.

Los  mediadores  de  la  AEM  podrán  realizar  los  servicios  de  mediación  gratuitos  que  ésta determine.

Los Mediadores

5.­ Las personas mediadoras de la AEM están comprometidos con los cometidos que les compete en las distintas fases del procedimiento de mediación, conforme a su especialización, una vez aceptada su designación en cada caso para el que se solicita su concurrencia como expertos. Los mediadores se obligan a cumplir fielmente y de buena fe su encargo, con pleno respeto y lealtad a los principios informadores de la Mediación.

6. Los mediadores tienen el cometido, al que se obligan, de facilitar la comunicación entre las partes  y  de  velar  porque  dispongan  de  la  adecuada  información  y  asesoramiento  auxiliar preciso,  desarrollando una conducta activa, imparcial, independiente, neutral y confidencial, que  pueda  posibilitar  el  acercamiento  entre  las  partes.  Entre  sus  cometidos  se  encuentra informar  a  las  partes  del  programa  de  actuaciones  y  duración  máxima  prevista  para  el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación.

Como obligación profesional y ética compete a la persona mediadora ser un agente de realidad en el procedimiento desde su propio conocimiento y experiencia en mediación, en el diseño y control del proceso y modelo de intervención, y mediante la aplicación de técnicas adecuadas que faciliten la efectiva comunicación entre las partes favoreciendo la posible consecución de un acuerdo que ponga término al conflicto y al proceso.

7.­ La persona mediadora debe revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su independencia, imparcialidad o bien pueda generar un conflicto de intereses, antes o durante el desarrollo del procedimiento, incluyendo cualquier tipo de relación personal, contractual o empresarial con cualquiera de las partes, así como la existencia de cualquier interés directo o indirecto en el resultado del proceso. El mediador sólo podrá aceptar o continuar el proceso, en tales supuestos, cuando asegure poder llevar a cabo su cometido con total imparcialidad, previo consentimiento expreso de las partes.

Las partes

8. Las partes que soliciten una mediación auxiliadas por mediadores de la AEM se someten igualmente a este Código de Conducta durante la duración de todo el proceso y actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo, colaborando y prestando el apoyo  necesario  a  la  actividad  de  los  mediadores,  con  la  debida  deferencia  hacia  sus actuaciones.  Si  alguna  de  las  partes  se  comporta  de  forma  obstructiva,  ambas  serán informadas  para  que  puedan  considerar  la  posibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o resolverlo.

Las partes podrán recurrir al auxilio de asesores y peritos externos para que las decisiones que puedan acordar durante el desarrollo del procedimiento estén convenientemente informadas.

El mediador  no  podrá  recomendar  directamente  a  ninguna  persona  como  experto  para  que asesore a las partes.

Durante el tiempo en que se desarrolle el proceso, las partes renuncian a ejercitar ninguna otra acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la controversia.

Los principios

9.­ Libertad y autonomía de la voluntad.

La voluntad de las partes para iniciar y participar en la mediación es la premisa básica para el desarrollo  y  buen  fin  del  procedimiento.  En  consecuencia,  las  partes  deben  estar  en condiciones de decidir su sometimiento al mismo, conociendo que los acuerdos que puedan alcanzarse resultaran vinculantes, e incluso pueden conformarse como títulos ejecutivos, si bien nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo, por lo que las partes también pueden retirarse del proceso en cualquier momento sin dar ninguna justificación.

10.­ Confidencialidad.

De  acuerdo  con  este  principio,  las  partes  involucradas,  así  como  los  mediadores  y  los proveedores de servicios (en los supuestos en los que la mediación se desarrolle por medios electrónicos)  tienen  la  obligación  de  no  revelar  datos,  información  o  comunicaciones relacionadas con el proceso.

Excepto que las partes acuerden lo contrario, o que lo requiera la ley, toda la información relativa al proceso debe ser considerada confidencial. Esta obligación supone la no divulgación de las declaraciones ni de la información obtenida durante el procedimiento, la destrucción de toda la información presentada o producida durante el proceso, así como la destrucción de todas las comunicaciones intercambiadas, con excepción de la correspondencia oficial y la prohibición  de  utilizar  las  declaraciones  o  la  información  intercambiada,  en  cualquier procedimiento judicial o arbitral posterior.

Esta  obligación  recae  en  las  partes,  en  los  mediadores  y  en  la  AEM,  que  no  podrán  ser obligados a declarar ni informar sobre el proceso, las posiciones sostenidas por las partes, o las concesiones que estaban dispuestas a aceptar. Este principio sólo puede ser limitado por una autoridad judicial por motivos de orden público.

11.­  Imparcialidad e independencia.

Los mediadores actuaran sin prejuicios ideológicos, ni de ninguna otra índole, en favor o en contra de ninguna de las partes, no estando sujetos a ningún condicionante que pueden influir potencialmente en su actitud con relación al conflicto mediado. Tampoco mantendrán ningún conflicto de interés con las partes y, en caso de existir algún hecho que pueda inducir a duda, informarán a las partes del mismo.

12.­ Transparencia.

Los mediadores no ocultarán ninguna información que pueda ser de interés para las partes, quienes estarán informadas durante todo el procedimiento del desarrollo de las diferentes fases del mismo, así como del alcance y consecuencias de sus actuaciones.

13.­ Neutralidad.

Los mediadores no llevaran a cabo evaluaciones previas de los hechos, ni tomaran parte en los mismos. Tampoco se alinearan con ninguna posición particular. El mediador, como “tercero neutral”, sin perjuicio de adoptar una actitud activa en busca del arreglo, en la que puede llegar a sugerir o proponer, en modo alguno puede imponer solución ninguna, ni debe decidir por nadie.

14.­ Justicia y equidad.

Los mediadores gestionaran el poder de las partes con el fin de restablecer el equilibrio en situaciones asimétricas,  garantizando a cada parte la oportunidad de poder expresar su punto de vista y argumentos frente a los presentados por la contraria, en condiciones de igualdad. Igualmente informaran a las partes de su derecho a obtener asesoramiento independiente, representación o asistencia de un tercero en cualquier etapa del procedimiento.

15.­ Eficiencia, celeridad y economía.

Los mediadores deben cuidar que el procedimiento de mediación resulte comprensible, rápido, asequible y eficaz en términos de satisfacción de los intereses y necesidades de las partes, atendiendo a la  naturaleza del conflicto y asegurándose de que su desarrollo se desenvuelve con la debida diligencia, de la forma más económica y respondiendo a los intereses de las partes.

16.­ Legalidad.

Como actividad sujeta al imperio de la ley, se garantizará la seguridad jurídica, evitando la arbitrariedad desde el respeto a los derechos fundamentales, el orden público y el interés general.  Todas  las  decisiones  deben  ser  comunicadas  a  las  partes  interesadas  de  forma fehaciente y motivada.

El Procedimiento

17.­ El mediador debe asegurarse, con antelación al inicio del procedimiento, que las partes han entendido y aceptado expresamente los términos y condiciones del acuerdo, incluyendo las disposiciones aplicables en materia de principios y obligaciones, y conocen las consecuencias jurídicas de cada uno de los posibles resultados. Deberá determinar igualmente si la mediación constituye o no un sistema de resolución de conflictos adecuado a ese caso en particular, atendiendo a la naturaleza del conflicto y la situación de las partes. Si determina que la mediación no es el método adecuado, deberá comunicarlo a la AEM y a las partes, poniendo término al proceso.

18.­ Los mediadores deberán velar porque se encuentren representados en el proceso los intereses  de  todas  las  personas  que  guarden  relación  con  la  controversia  o  que  pudieran resultar afectadas por los resultados de la mediación.

Cuando  en  una  mediación  se  deba  tomar  decisiones  que  vayan  a  afectar  a  menores  o incapaces,  con  independencia  de  que  se  encuentren  o  no  sujetos  a  formas  legales  de protección, se velará para que los adultos capaces participantes consideren el interés superior de aquellos, evitando que queden expuestos a riesgos de daño emocional.

19.­ Si la mediación finaliza con un acuerdo, total o parcial, los mediadores adoptarán las medidas  adecuadas  para  asegurarse  de  que  las  partes  dan  su  consentimiento  con  pleno conocimiento de causa y comprensión de sus términos. Los acuerdos de mediación alcanzados se reflejarán de forma clara y comprensible en el acta final del procedimiento o en documento anexo a la misma. Los mediadores ofrecerán su colaboración, cuando sea posible, para el seguimiento de los acuerdos.

El mediador deberá informar también a las partes sobre cómo formalizar el acuerdo alcanzado que podrá ser redactado por las propias partes, por sus abogados o asesores o, si así lo solicitaran, por el propio mediador.

Infracciones

20.­ La infracción a las normas éticas contenidas en este código será objeto de comprobación por parte de la AEM que adoptara, en su caso, las sanciones correspondientes, de acuerdo con sus reglamentación interna.

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